El sector de Discapacidad en Emergencia: Intentan cerrar el ANDIS
Las políticas en discapacidad no son nuevas en nuestro país. Ni son un invento de la "casta" por llamarlo de alguna manera. De hecho, se viene bregando hace decenas de años por trabajar fuertemente en el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, con participación activa de los mismos, entendiendo que las sociedades todas tienen una profunda deuda con el sector.
Cuando desde la ONU se fomenta y potencia que los Estados miembros trabajen fuertemente en la temática (si, explicitamente ya desde 1981, año que fue declarado como el "ano internacional de las personas con discapacidad") teniendo fundamental importancia que los mismos establezcan políticas públicas que no solo promuevan los derechos de las personas con discapacidad sino también su inclusión social plena y efectiva, creando organismos nacionales al efecto de cumplimentar estas prerrogativas.
Argentina entendió históricamente la necesidad de trabajar por las personas con discapacidad, con las personas con discapacidad, para lograr estas metas.
Por ello, desde la ya desaparecida CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la integración de las personas con discapacidad) que es hoy la ANDIS que, a su vez, cuenta con mayores responsabilidades, se viene trabajando en cumplir lo que el mundo entiende como un derecho inalienable de este grupo de personas: la inclusión, la conquista de derechos, el desarrollo individual pleno de todas las potencialidades que tienen los sujetos viviendo en comunidad.
Históricamente, podemos decir que la ANDIS ha tenido cierto comportamiento fluctuante en las distintas coyunturas por las que ha atravesado nuestro país. Es innegable que las miradas de los distintos gobiernos han marcado un rumbo en el funcionamiento del organismo, pero aún así y a pesar de todo (y de todos) el funcionamiento, la necesidad del organismo, su objetivo, sus metas son y seguirán siendo sumamente válidos y necesarios.
Desde que asumió el gobierno de Milei, el sector se vio profundamente afectado. Continuamente se han propuesto o llevado adelante medidas que atacan al sector, que lo vulneran, que dan por tierra con todo lo que se ha logrado a lo largo de los años.
En este gobierno ya hemos visto como se ha pasado a este mismo organismo a la orbita del Ministerio de Salud cuando desde hace rato entendíamos que se había dejado de entender a las personas con discapacidad como enfermos y, por ende, que su trato sea dirigido como un problema de rehabilitación médica. Hemos visto el permanente ajuste de cara a sostener las prestaciones necesarias de esta población, con aumentos de las mismas que no llegan a cubrir siquiera los gastos operativos de los prestadores. Hemos visto la sostenida campaña difamatoria respecto a las pensiones no contributivas. Hemos visto como, a pesar de no haber finalizado y no tener los resultados de las auditorías correspondientes (que el gobierno anunció que lo tendrían después de mayo del corriente año), ya se han dado de baja 177.000 pensiones por discapacidad.
A las claras se demuestra que no puede ser prioritario cerrar un organismo que aún tiene mucho para desarrollar en términos de políticas públicas integrales. Pensar en cerrar el ANDIS es un gran desatino y un franco retroceso, cuando cotidianamente observamos que las personas con discapacidad aún no tienen garantizado efectivamente un piso de derechos que los ponga como lo que son: ciudadanos plenos.
No podemos olvidar jamas que para el reconocimiento de estas personas como miembros plenos de la sociedad, con los mismos derechos que los demás, con posibilidades de aporte al crecimiento social es posible siempre y cuando se creen las condiciones adecuadas para su inclusión que implica destino de recursos económicos, humanos y estructurales que permitan su desarrollo integral, el respeto a sus propias decisiones y las condiciones de accesibilidad a todos los ámbitos de la sociedad para el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades
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